Las dos están vinculadas y otorgan el derecho de residencia en España; El programa existe desde octubre de 2013.
La principal forma de ser considerado un inversionista de acuerdo con los parámetros de la ley es:
Adquirir una o más propiedades inmobiliarias de cualquier tipo, cuyo precio de adquisición debe ser del menos 500.000 €, sin incluir gastos, impuestos ni cargos de ningún tipo.